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El pleno del Ayuntamiento de Fraga aprobó ayer, en la primera sesión telemática que ha celebrado en su historia, una modificación del presupuesto municipal de este año para incluir, con cargo a los remanentes del Ayuntamiento, una partida de 325.000 euros para dotar las subvenciones para el fomento y la reactivación de la actividad económica en Fraga.
En cuanto se convoquen, la idea del Ayuntamiento es conceder una ayuda directa de unos 1.000 euros a todas las empresas, comercios y locales de hostelería que han tenido que cerrar por consecuencia del Estado de Alarma derivado del Covid-19.
Las empresas beneficiaras deberán tener un máximo de 9 trabajadores y si se supera la cantidad de 325.000 euros, el importe de la ayuda se prorrateará entre los solicitantes. Aunque el acuerdo ha sido unánime, los grupos del Partido Socialista y de Ciudadanos, han lamentado que no se hubieran incluido algunas de las medidas y ayudas que propusieron conjuntamente con el grupo de Podemos. En este sentido, el portavoz socialista Ángel Sorolla y el concejal de Ciudadanos, Ramón Salamó, consideran que hay sectores perjudicados por la crisis sanitaria que han quedado fuera de las ayudas en una ciudad cuyo Ayuntamiento tiene ocho millones de euros de remanentes en el banco.
La alcaldesa de Fraga, Carmen Costa, señaló que algunas ayudas como bonificaciones fiscales en IBI o IAE, no se podían tomar por una cuestión competencial y que en breve se iban a aprobar las ayudas al sector agrícola. También recordó que el Ayuntamiento no tiene competencias en servicios sociales y que la ley de estabilidad presupuestaria impide echar mano de los remanentes. De hecho, Carmen Costa planteó la posibilidad de que el Ayuntamiento debata próximamente una moción para pedir que se cambie esta ley. El portavoz de Compromiso por Fraga, Ángel Cabrera, también recordó que no se pueden usar los remanentes si no se cambia la ley.
El pleno aprobó también el Plan Económico financiero de las anualidades 2020 y 2021 y la apreciación de la imposibilidad de ejecutar el contrato de concesión del servicio público de regulación y control del aparcamiento en las vías públicas tras suspender la zona azul ante el Estado de Alarma. En este sentido, se ha indicado la necesidad de suspender ese servicio, lo que motivará una compensación a la empresa concesionaria de este servicio.
